1.2.26

El Rincón del Autor Local que existía… solo en el papel

 

En la sesión ordinaria del pasado 29 de enero, la concejala responsable de la biblioteca recibió la orden de argumentar en contra de la creación del llamado Rincón del Autor Local. No porque hubiera razones culturales o técnicas para oponerse, sino porque, desde algún lugar impreciso dentro de la enorme y amorfa estructura de Coalición Canaria, se decidió votar en contra de la propuesta.

La concejala se limitó entonces a leer normativa sobre bibliotecas para concluir que ese rincón ya existía, simplemente porque la norma lo contempla. Es decir: como el reglamento lo menciona, el rincón está creado. Aunque no se sepa dónde, ni cómo, ni para qué.

Y, sin embargo, la propia intervención de la concejala dejaba ver que no sabía muy bien a qué agarrarse: confundía lo que podría ser un espacio de exaltación de la autoría local con lo que no es más que un desván previo al expurgo. Tener un rincón no es nombrarlo; es darle contenido, visibilidad y programación.

Si el Rincón del Autor Local hubiera existido realmente, no se habría pasado por alto que hace apenas un mes se cumplieron 105 años de la edición de La Verdad, Notas Canarias o Espejo de la Vida (diciembre de 1920), poemario de Pedro M. Hernández y Castillo, prologado por Alonso Pérez Díaz. Una efeméride que habría permitido investigar y divulgar la vida del autor, analizar su relación con Alonso Pérez Díaz, y rescatar sus artículos como corresponsal en la prensa de la época.

Ese solo libro habría dado para un mes entero de actividades culturales. Pero cuando cultura y fiesta coinciden, el carnaval siempre gana.

Este año se cumple también otra fecha redonda: 60 años de la publicación de Anchieta no tempo, escrita en portugués por el pasense Antero Simón. Otro autor, otra obra, otro motivo perfecto para ocupar un escaparate del Rincón del Autor Local que, según la normativa, ya existe.

Además, tenemos una rica y olvidada historia periodística que podría investigarse y difundirse desde la biblioteca: Entre 1903 -1912 aparecen y desaparecen en El Paso El Eco de la Verdad, El Paso, La Lucha, La Voz del Paso

Periódicos breves, fugaces, desaparecidos, pero fundamentales para entender la vida social y política del municipio. Material perfecto para exposiciones, charlas, talleres escolares o publicaciones digitales.

Y también está la propia historia de la biblioteca, digna de ser contada:

– 3 de noviembre de 1928: acuerdo de apertura de la Biblioteca Municipal y nombramiento de encargado a don Miguel Tabares Capote, con una gratificación anual de 375 pesetas.
– 1 de enero de 1929: aprobación del Reglamento de la Biblioteca Popular.
– 17 de enero de 1933: varios vecinos solicitan mantenerla abierta sin retribución alguna; compromiso que duró hasta el 20 de mayo de ese mismo año.
– 25 de febrero de 1935: nombramiento de don José Triana Felipe (¿Arsenio?) como encargado, con un sueldo de 300 pesetas.
– 19 de abril de 1970: inauguración (o reinauguración, tras treinta y cuatro años) de la Biblioteca Pública Municipal, con 4.000 volúmenes, en los bajos de la Casa Consistorial.

Todo esto demuestra que hay muchísimo que hacer en política cultural. Lo que no hace falta es que los concejales se escondan detrás de la normativa. Para eso ya están los técnicos.

La política cultural consiste en decidir qué se muestra, qué se recuerda y qué se valora. Y hoy, en lugar de crear un verdadero Rincón del Autor Local, se ha preferido defender uno invisible, que existe solo en los papeles y en los discursos.

Ese es el problema: no que no haya normas, sino que no haya voluntad.

2.10.25

La Vulcanología Nacional: Entre la Necesidad y el Parroquialismo.

       La reciente noticia de una candidatura conjunta entre Tenerife y La Palma para albergar el Centro Nacional de Vulcanología parece, en la superficie, un ejercicio de sensatez y colaboración. Sin embargo, esta aparente concordia no puede ocultar dos décadas de un debate estéril, marcado por el enfrentamiento político y los intereses localistas, que han puesto en riesgo la verdadera prioridad: la seguridad ciudadana.

     La vigilancia volcánica en España tiene un responsable oficial desde 2004: la Unidad del Instituto Geográfico Nacional (IGN). Durante veinte años, sus científicos han monitorizado seísmos, deformaciones del terreno y emisiones de gases, siendo la piedra angular de la prevención. No obstante, este modelo, técnico y centralizado, fue recibido en Canarias con una crítica feroz y casi instantánea. La formación nacionalista Coalición Canaria lo tachó de imposición, inaugurando una narrativa que equipara la defensa de lo canario con la oposición sistemática a las decisiones que se toman desde la península. Esta postura, más visceral que práctica, ha envenenado el debate desde sus inicios.

     La creación del Instituto Volcanológico de Canarias (Involcan) por el Cabildo de Tenerife en 2010, lejos de ser una solución consensuada, abrió un nuevo frente. Las acusaciones de boicot entre instituciones y la duplicación de esfuerzos crearon una peligrosa confusión. Mientras las administraciones se enredaban en disputas de competencias, el archipiélago ha vivido dos erupciones en una década: la submarina de El Hierro en 2011 y la devastadora erupción de Cumbre Vieja en La Palma en 2021. Esta última, una tragedia de primera magnitud, debería haber sido la llamada de atención definitiva. La magnitud de la emergencia demostró que, más allá de siglas y colores políticos, se necesitaba un organismo nacional fuerte, con recursos unificados y una autoridad científica incuestionable.

     La promesa del Centro Nacional de Vulcanología, acelerada tras la erupción palmera, era la oportunidad de oro para corregir estos errores. Sin embargo, el debate ha derivado, una vez más, hacia una pugna por el solar. La discusión sobre si la sede debe estar en Tenerife, por su inversión previa, o en La Palma, por ser el territorio más activo recientemente, es un espejismo que desvía la atención de lo esencial. Lo crucial no es la isla, sino la eficacia, la dotación y la independencia del centro.

     El caso de las posibles ubicaciones en La Palma es sintomático de esta deriva. Mientras se cuenta con una opción sólida y evidente como las antiguas instalaciones de la tabacalera JTI en El Paso, se han malgastado tiempo y recursos públicos en financiar proyectos faraónicos y bocetos arquitectónicos de dudosa utilidad práctica. Estos despropósitos, dignos de una comisión de investigación para aclarar el uso de fondos públicos, demuestran cómo el oportunismo y la falta de rigor pueden entorpecer un proyecto de Estado.

     La candidatura conjunta Tenerife-La Palma, inspirada en el modelo del Instituto de Astrofísica, es un paso que llega tarde y bajo la sombra de dos décadas de descoordinación. No basta con repartir sedes; se necesita un cambio de chip. El futuro Centro Nacional de Vulcanología debe estar por encima de las trincheras políticas y los localismos. Su misión es salvar vidas y proteger territorios, no servir de moneda de cambio electoral.

     Es hora de que las instituciones canarias y el Gobierno de España prioricen, de una vez por todas, la ciencia sobre la política, la cooperación sobre la rivalidad y el interés general sobre el capricho parroquial. El próximo fenómeno volcánico no preguntará en qué isla tiene su sede el centro que debería anticiparlo. Simplemente, ocurrirá. Y para entonces, más vale que estemos todos en la misma trinchera, la de la ciencia.

2.7.25

La Extracción de Áridos en El Paso: Un Análisis Histórico (1954-1979) 1

 

     El municipio de El Paso, en la isla de La Palma, ha sido testigo de una evolución significativa en la actividad de extracción de áridos y tierras vegetales, un proceso que se entrelaza con su historia de planeamiento urbanístico y las políticas de la época. Este artículo se centra en el periodo comprendido entre 1954 y 1979, durante la dictadura franquista, para analizar cómo se desarrollaron estas actividades y su impacto en el territorio.

El Contexto: Planeamiento Urbanístico y Protección Ambiental

     El marco legal y político de la época influyó de manera determinante en la gestión de los recursos naturales y el desarrollo urbanístico de El Paso.

1954: La Creación del Parque Nacional de la Caldera de Taburiente

     El 6 de octubre de 1954 se declaró la creación del Parque Nacional de la Caldera de Taburiente, un hito que afectó al 26% del suelo municipal. Esta declaración sentó las bases para la protección ambiental en la zona, aunque no perpetuó la filosofía de los parques nacionales, diez años después vendrían prospecciones de aguas, luego actividades extractivas en la periferia inmediata, , más tarde estanques y balsas para agua, zonas de esparcimiento e incrustaciones dentro del Parque Nacional de otros parques de estilo urbano, con mobiliario, como bancos, fuentes y áreas de sombra, así como servicios como baños públicos y contenedores de basura.

1966: Aprobación del Plan General de Urbanismo

     El 14 de julio de 1966 se aprobó definitivamente el Plan General de Urbanismo de El Paso, un instrumento clave para regular el desarrollo urbano y el uso del suelo. Este plan, aprobado por la Comisión Provincial de Urbanismo, marcó un hito en el papel, pero no en la planificación del municipio.

La Extracción de Áridos: Cronología y Actores

     La extracción de áridos y la explotación de recursos minerales se convirtieron en actividades importantes para el desarrollo de infraestructuras y la economía local.

1970: La Transformación del Llano de los Jables

     El 30 de enero de 1970 se autorizó la transformación del granzón en arena en el Llano de los Jables para su venta con fines industriales. José Manuel Pino fue autorizado a probar maquinaria, lo que sugiere el inicio de una actividad industrializada en la zona. Según testimonios, esta actividad se mantuvo activa durante varios años.

1970: Extracción de Piedra en Morros Altos de Malpaís

     El 26 de noviembre de 1970 se autorizó a don Benigno A. Rodríguez Pérez, adjudicatario de la "avenida José Antonio" en El Paso, a instalar maquinaria picadora de piedra en Morros Altos de Malpaís, una finca municipal. El objetivo era extraer piedra para la pavimentación de la vía, pero la vía terminó y la extracción no.

1971: Solicitudes de Extracción y la Inauguración de la Avenida

     El 30 de abril de 1971 se gestionaron permisos ante la Jefatura de Montes para la extracción de granzón en el Llano de los Jables y gravas en el barranco de Las Palomas.

     El 18 de julio de 1971 se inauguró oficialmente la Avenida José Antonio Primo de Rivera, para cuyas obras se había autorizado la instalación de la picadora de piedra. Esta fecha coincide con la conmemoración del "Alzamiento Nacional" durante el franquismo, lo que resalta la conexión entre las obras públicas y la simbología del régimen.

1975: Estaciones de Machaqueo y Lavado de Áridos

     El 24 de septiembre de 1975 se autorizó el uso de la Finca de Roberto a José Ángel Pérez Hernández para la instalación de una estación de machaqueo y lavado de áridos.

     El 26 de noviembre de 1975 se autorizó la instalación de una planta similar en la misma finca, propiedad municipal. En realidad, era lo mismo, pero regularizando el expediente.

1979: Adaptación del Plan General de Urbanismo

     El 10 de abril de 1979 se realizó la adaptación del Plan General de Urbanismo de El Paso a la Ley 19/1975 y al Real Decreto 1346/1976. Este proceso buscaba actualizar la normativa urbanística y adaptarla a las nuevas leyes.

 

Conclusión

     El periodo franquista en El Paso fue testigo de una intensa actividad de extracción de áridos, impulsada por el desarrollo de infraestructuras y la necesidad de recursos. Estas actividades, aunque necesarias para el progreso, coexistieron con una protección ambiental raquítica y el planeamiento urbanístico teórico. El análisis de esta etapa histórica permite comprender mejor la evolución del municipio y los desafíos que enfrentó en la gestión de sus recursos naturales.

4.6.25

El misterio del dron fantasma de El Paso: 30.000 euros volando en el limbo administrativo

 

El 24 de enero de 2022, fascinado por los espectaculares vídeos aéreos de la erupción del volcán —que finalmente adoptó el nombre predominante de Tajogaite—, el Ayuntamiento de El Paso, quizá con los primeros fondos destinados a la reconstrucción, decidió adquirir un dron. 

 

No consta en ninguna crónica municipal la llegada del aparato, aunque bien merecería un lugar en sus efemérides como "la primera aeronave oficial del consistorio". Dicho hito, de facto, implicaría modificar el Reglamento Orgánico Municipal: habría que añadir una enmienda al Título Primero, Capítulo Primero, Sección Primera, Artículo Cuarto —que reza "el alcalde es el presidente de la corporación"— para incluir "y comandante en jefe de su fuerza aeroespacial". 

 

Parece una broma, pero no lo es. El dron fue comprado mediante un procedimiento de adjudicación urgente, sin publicidad y amparado en la legalidad. El carácter de emergencia se justificó bajo el artículo 120 de la Ley 9/2017, alegando que el Ayuntamiento necesitaba "actuar de inmediato ante la catástrofe, evaluando infraestructuras y viviendas cercanas a la zona eruptiva". 

 

Costó 29.702,60 euros y se lo compraron a ACRE SOLUCIONES TOPOGRÁFICAS ALQUILER Y VENTA S.L., una empresa especializada. Según la documentación, el equipo incluía "receptores de televisión y radio, y dispositivos de grabación de sonido e imagen", con especial énfasis en su capacidad de filmación. Se destinó, en teoría, a los Servicios Técnicos Municipales. 

 

Sin embargo, el dron nunca ha sido mostrado públicamente, algo peculiar para un gobierno que presume de transparencia hasta para exhibir el filamento roto de una bombilla, señalado con solemnidad por el concejal de turno. Imaginen la foto: todo el equipo de gobierno, mirando al cielo y apuntando al dron en pleno vuelo. Sus asesores de imagen no habrían desperdiciado semejante instantánea: un dron que retrata y es retratado. Doble oportunidad, cero pruebas. ¿Dónde está el aparato? 

 

En los Servicios Técnicos manejan desde escuadras hasta telémetros láser, pero no hay operadores de drones. Repito: ¿Dónde está el dron?  Curiosamente, durante la erupción, el canal de YouTube del Ayuntamiento publicó 183 vídeos grabados con drones... pero el dispositivo se compró un mes después de que la fase eruptiva hubiera terminado. 

 

Algunos concejales afirmaron "saber de su existencia", otros que "se perdió y se recuperó", para luego "perderse de nuevo". El dron del Tajogaite se ha convertido en un McGuffin administrativo: un objeto caro que mueve papeles, pero no aparece en escena. 

1.6.25

Prensa y Propaganda: ¿Dónde Está el Límite entre lo Institucional y lo Político?

 

En el pleno ordinario del 29.05.2025, durante el apartado de "Ruegos y Preguntas", surgió un debate revelador que pasó desapercibido y dejó preguntas sin responder. Un intercambio entre el concejal socialista Bryan Martín Guerra y la concejal de Hacienda, Irinova Hernández, puso sobre la mesa una cuestión incómoda: ¿Cómo gestiona el ayuntamiento su relación con los medios de comunicación?

La Respuesta Oficial: ¿Transparencia o Evasión? 

 La concejal Hernández afirmó: 

"Trabajamos con todos los medios de la isla, que cobran por servicios de comunicación institucional. No tenemos un gabinete de prensa como tal, sino una persona contratada en un plan de empleo que realiza esas funciones". 

 A primera vista, la respuesta parece correcta. Pero el problema es más profundo: desde 2015, existe un gabinete de prensa de facto en la sombra, con formas cambiantes y poco claras. 

Contratación de Medios: ¿Cumple el Ayuntamiento con la Ley? 

 Que los medios cobren por publicar notas de prensa institucionales no es ilegal, pero debe hacerse con transparencia y bajo criterios técnicos. Analicemos los puntos clave: 

 1. Contratación y Concurrencia 

   - Todo pago con fondos públicos debe formalizarse en un contrato (Ley 9/2017), especificando servicios, precios y condiciones. 

   - Debe garantizarse igualdad de oportunidades para todos los medios, ya sea mediante licitación o contratos menores con criterios objetivos (tarifas similares, audiencia, etc.). 

 2. El Contexto de La Palma: Riesgos en Territorios Pequeños 

   - En una isla con pocos medios, el ayuntamiento podría optar por: 

     - Licitación abierta: Seleccionar medios basándose en precio y alcance. 

     - Acuerdo marco: Establecer un precio estándar para quienes cumplan requisitos mínimos. 

   - Peligro: Si todos los medios cobran lo mismo sin justificación, podría verse como práctica anticompetitiva. 

 3. La Línea Roja: Separar lo Institucional de lo Político 

   - Información institucional (fiestas, cultura) debe estar libre de logos o mensajes partidistas. 

   - Comunicación política es responsabilidad de los grupos municipales, no debe financiarse con dinero público. 

   - Los medios deben etiquetar claramente el contenido patrocinado. Si no lo hacen, el ayuntamiento debería exigir rectificaciones o cancelar contratos. 

 Para una Comunicación Transparente 

 - Publicar todos los contratos en el portal de transparencia. 

- Usar métricas objetivas (audiencia, impacto) para asignar recursos. 

- Evitar monopolios: Rotar entre medios para garantizar pluralidad. 

  Conclusión 

 Sí, es habitual que los ayuntamientos paguen a medios por difundir información institucional. Pero "habitual" no significa "correcto" si no hay transparencia. En territorios pequeños como La Palma, el riesgo de opacidad o favoritismos es mayor. La clave está en contratos claros, concurrencia leal y separación tajante entre información pública y propaganda política. 

 ¿Cumple este ayuntamiento con esos principios? La respuesta, por ahora, sigue pendiente.  


29.5.25

Visto el pleno 29.05.2025 y tratando sobre el Camino de Las Palomas.

 A modo de preámbulo.

El caso presenta una situación compleja en la que una empresa minera (Áridos El Riachuelo) está realizando actuaciones sobre un bien de dominio público (el camino de Las Palomas) sin la autorización municipal correspondiente, amparándose únicamente (que se sepa) en una licencia extractiva concedida por la dirección general de industria.

1. Naturaleza jurídica del camino

- El camino está inscrito como bien de dominio público (demanial) en el inventario municipal, lo que implica que:

  - Está afectado al uso público o al servicio público.

  - Es inalienable, imprescriptible e inembargable (art. 132 de la Constitución Española y Ley de Bienes de las Administraciones Públicas).

  - Cualquier actuación sobre él requiere autorización expresa del Ayuntamiento, independientemente de otras licencias sectoriales (como la de industria).

2. Irregularidades cometidas por la empresa

- Usurpación de dominio público: La empresa ha cercado el camino y lo ha incorporado a su parcela sin autorización municipal (o esto es lo que parece estar haciendo de facto), lo que constituye una ocupación ilegal de un bien demanial.

- Falta de licencia urbanística: Aunque tenga una autorización de industria, cualquier modificación o afectación de un bien público requiere licencia municipal (art. 7 de la Ley de Suelo y Ordenación Urbana).

- Lesión al interés público: La desviación del camino perjudica su uso público y puede afectar derechos de terceros (vecinos, otros usuarios, etc.).

3. Acciones que debe tomar el Ayuntamiento a la vista de lo expuesto

(me da que no hay otra receta para defender un bien demanial)

A. Medidas urgentes (vía administrativa)

1. Dictar un acto de incoación de expediente sancionador por ocupación ilegal del camino, con:

   - Orden de paralización inmediata de las obras (art. 137 de la Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común).

   - Requerimiento para que la empresa restituya el camino a su estado original.

2. Imposición de multas coercitivas si no se cumple la orden (art. 99 de la Ley 33/2003 de Patrimonio de las Administraciones Públicas).

3. Iniciar un expediente de reintegración demanial para recuperar la posesión del camino (art. 138 de la misma ley).

 

B. Revisión de la licencia de industria

- Solicitar (por escrito y registrado) a la Dirección General de Industria un informe sobre el alcance de su autorización, recordando que no puede avalar actuaciones sobre bienes municipales sin consentimiento del Ayuntamiento.

 

C. Acciones judiciales (si es necesario)

- Si la empresa persiste, el Ayuntamiento puede interponer:

  - Demanda civil por usurpación de bien demanial (art. 41 de la Ley de Bienes Públicos).

  - Denuncia penal por posible delito de prevaricación o daños a propiedad pública (art. 320 Código Penal, si hay daños al camino).

 

D. Comunicación pública

- Informar a la ciudadanía sobre las medidas adoptadas para garantizar la defensa del dominio público y evitar especulaciones.

24.5.25

Melisa y la conexión navarra según Sergio Rodríguez.

 

Recordando a Melisa 

 

Mientras el volcán CV-2021 entraba en erupción, otro estallido, esta vez humano, comenzaba a tomar forma. Melisa Rodríguez, entonces ex portavoz de Ciudadanos, relataría más tarde que, en aquel momento, se encontraba bañándose en El Remo —una zona costera del suroeste de La Palma— y, sin saber muy bien por qué, inició una dinámica ascendente: de pronto, se erigía en portavoz de los afectados, heroína de la catástrofe, víctima del desastre e, incluso, presidenta de la Plataforma por el Volcán de La Palma. Su presencia se multiplicó en los medios, desde Herrera en COPE hasta otros espacios informativos. 

 

Pero el caso de Melisa pronto resultó excesivo. En medio del caos colectivo, logró atraer hacia sí los focos mediáticos. La prensa se llenó de titulares sobre ella, hasta que, en enero de 2022, el periodista Francisco Pomares resumió la situación en "el cuento de las casas de Melisa" (Lancelot, 24.01.2022). Otros medios también matizaron su relato y explicaron por qué no podía ser considerada damnificada: sencillamente, no lo era. Publicaron documentos que demostraban que Melisa era propietaria de dos pisos en Los Llanos, un apartamento en El Remo y otro en Madrid —adquirido durante su etapa en la capital—, y que no había perdido ninguna propiedad ni había sido desalojada. 

 

Según Pomares, la extraña actuación de la ex portavoz pudo deberse a un "afán de protagonismo, el deseo de volver a estar en la palestra. Se inventó una reclamación y se convirtió en portavoz de su propia reclamación".

 

"Melisa se apaga en el brillo de Sergio" 

 

Melisa se fue diluyendo a medida que otro personaje cobraba protagonismo: Sergio Rodríguez, alcalde de El Paso. Para cimentar su propia leyenda, Sergio Rodríguez recurrió a un fabulador de Tenerife, el periodista Andrés Chaves, quien emprendió una saga biográfica inspirada en Relato de un náufrago de García Márquez. Tras seguir los pasos del "héroe" por La Palma, llegaron dos almuerzos en Los Limoneros (Tenerife) —nadie supo nunca quién pagó aquello, ni siquiera se lo preguntaron—. Entre viandas y vino, en ese restaurante tacorentero, Chaves y Rodríguez pusieron el nombre de Melisa sobre la mesa en lo que pareció un extraño intento de exorcismo. 

 

Andrés Chaves lo relató así, casualmente, un 14 de febrero de 2022: 

"Estamos sentados en Los Limoneros. Sergio y yo pedimos unos taquitos de merluza, que saben deliciosos. 

—A Melisa Rodríguez, exlíder de Ciudadanos, se le ha acusado de falsear datos sobre su lugar de residencia en La Palma para cobrar fondos destinados a afectados por el volcán. ¿Qué te parece? 

'Una canallada. Melisa Rodríguez no ha falsificado ni un papel. Ella sí vivía en El Remo, se está preocupando de buscar fondos para la reconstrucción del Valle, y yo le estoy muy agradecido en nombre de mi pueblo. Incluso ha buscado la colaboración de la Universidad de Navarra para la construcción de un edificio modular para El Paso. Ahora está fuera de la política, y lo que se ha dicho sobre ella es una auténtica falacia". 

 

El asunto tenía peso: desde enero, se sabía que la Policía Local de Los Llanos de Aridane había certificado que Melisa Rodríguez —exdiputada nacional y exportavoz adjunta de Cs— no tenía su residencia habitual en El Remo, como ella afirmaba. Medios como La Provincia (con Miguel Ángel Autero) lo habían publicado.

 

Sin embargo, el alcalde de El Paso acusaba indirectamente a la policía vecina de falsedad, tachando sus informes de "canallada". Y, por primera vez, lanzaba públicamente un dato nuevo: Melisa era el vínculo con la Universidad de Navarra. Aquella conversación en Los Limoneros no solo buscaba rehabilitar su imagen, sino que revelaba el germen de una colaboración que más tarde tomaría forma.

 

"La Universidad de Navarra en La Palma: ¿Colaboración desinteresada o estrategia institucional?"

 

La Universidad de Navarra, institución privada fundada en 1952 y vinculada al Opus Dei, ha cobrado protagonismo en El Paso (La Palma) con exposiciones de su Escuela de Arquitectura en espacios públicos como las calles Tanausú y Manuel Taño. La iniciativa, promocionada en redes sociales y medios locales, se presentó como un gesto altruista, pero los datos revelan otra realidad: un acuerdo del 17 de enero de 2023 y un contrato de colaboración por importe de 29.595 €. 

Surgen entonces preguntas incómodas: 

1. ¿Por qué Navarra y no la ULPGC? La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) cuenta con una Escuela de Arquitectura con más de 55 años de trayectoria, proyectos en La Palma (como investigaciones sobre el volcán Cumbre Vieja) y una clara vinculación territorial. Sin embargo, no fue la elegida. 

2. ¿Por qué una universidad privada y no una pública? La Universidad de Navarra se financia con recursos propios, mientras que la pública Universidad Pública de Navarra (UPNA) —o incluso la ULPGC— habrían reforzado la transparencia en el uso de fondos municipales. 

El caso abre un debate sobre opacidad en convenios y prioridades institucionales: ¿Respondió esta colaboración a un interés formativo genuino o a una estrategia de expansión de una universidad privada con fuertes vínculos ideológicos? La ausencia de explicaciones oficiales deja el interrogante en el aire. 

No consta que Melisa Rodríguez (la intermediaria según Sergio Rodríguez) tenga vínculos académicos con Navarra, lo que profundiza el misterio sobre esta elección.