La reciente noticia de una candidatura conjunta entre Tenerife y La Palma para albergar el Centro Nacional de Vulcanología parece, en la superficie, un ejercicio de sensatez y colaboración. Sin embargo, esta aparente concordia no puede ocultar dos décadas de un debate estéril, marcado por el enfrentamiento político y los intereses localistas, que han puesto en riesgo la verdadera prioridad: la seguridad ciudadana.
La vigilancia volcánica en España tiene un responsable oficial desde 2004: la Unidad del Instituto Geográfico Nacional (IGN). Durante veinte años, sus científicos han monitorizado seísmos, deformaciones del terreno y emisiones de gases, siendo la piedra angular de la prevención. No obstante, este modelo, técnico y centralizado, fue recibido en Canarias con una crítica feroz y casi instantánea. La formación nacionalista Coalición Canaria lo tachó de imposición, inaugurando una narrativa que equipara la defensa de lo canario con la oposición sistemática a las decisiones que se toman desde la península. Esta postura, más visceral que práctica, ha envenenado el debate desde sus inicios.
La creación del Instituto Volcanológico de Canarias (Involcan) por el Cabildo de Tenerife en 2010, lejos de ser una solución consensuada, abrió un nuevo frente. Las acusaciones de boicot entre instituciones y la duplicación de esfuerzos crearon una peligrosa confusión. Mientras las administraciones se enredaban en disputas de competencias, el archipiélago ha vivido dos erupciones en una década: la submarina de El Hierro en 2011 y la devastadora erupción de Cumbre Vieja en La Palma en 2021. Esta última, una tragedia de primera magnitud, debería haber sido la llamada de atención definitiva. La magnitud de la emergencia demostró que, más allá de siglas y colores políticos, se necesitaba un organismo nacional fuerte, con recursos unificados y una autoridad científica incuestionable.
La promesa del Centro Nacional de Vulcanología, acelerada tras la erupción palmera, era la oportunidad de oro para corregir estos errores. Sin embargo, el debate ha derivado, una vez más, hacia una pugna por el solar. La discusión sobre si la sede debe estar en Tenerife, por su inversión previa, o en La Palma, por ser el territorio más activo recientemente, es un espejismo que desvía la atención de lo esencial. Lo crucial no es la isla, sino la eficacia, la dotación y la independencia del centro.
El caso de las posibles ubicaciones en La Palma es sintomático de esta deriva. Mientras se cuenta con una opción sólida y evidente como las antiguas instalaciones de la tabacalera JTI en El Paso, se han malgastado tiempo y recursos públicos en financiar proyectos faraónicos y bocetos arquitectónicos de dudosa utilidad práctica. Estos despropósitos, dignos de una comisión de investigación para aclarar el uso de fondos públicos, demuestran cómo el oportunismo y la falta de rigor pueden entorpecer un proyecto de Estado.
La candidatura conjunta Tenerife-La Palma, inspirada en el modelo del Instituto de Astrofísica, es un paso que llega tarde y bajo la sombra de dos décadas de descoordinación. No basta con repartir sedes; se necesita un cambio de chip. El futuro Centro Nacional de Vulcanología debe estar por encima de las trincheras políticas y los localismos. Su misión es salvar vidas y proteger territorios, no servir de moneda de cambio electoral.
Es hora de que las instituciones
canarias y el Gobierno de España prioricen, de una vez por todas, la ciencia
sobre la política, la cooperación sobre la rivalidad y el interés general sobre
el capricho parroquial. El próximo fenómeno volcánico no preguntará en qué isla
tiene su sede el centro que debería anticiparlo. Simplemente, ocurrirá. Y para
entonces, más vale que estemos todos en la misma trinchera, la de la ciencia.