La Extracción de Áridos en El Paso: Un Análisis Histórico (1954-1979) 1

 

     El municipio de El Paso, en la isla de La Palma, ha sido testigo de una evolución significativa en la actividad de extracción de áridos y tierras vegetales, un proceso que se entrelaza con su historia de planeamiento urbanístico y las políticas de la época. Este artículo se centra en el periodo comprendido entre 1954 y 1979, durante la dictadura franquista, para analizar cómo se desarrollaron estas actividades y su impacto en el territorio.

El Contexto: Planeamiento Urbanístico y Protección Ambiental

     El marco legal y político de la época influyó de manera determinante en la gestión de los recursos naturales y el desarrollo urbanístico de El Paso.

1954: La Creación del Parque Nacional de la Caldera de Taburiente

     El 6 de octubre de 1954 se declaró la creación del Parque Nacional de la Caldera de Taburiente, un hito que afectó al 26% del suelo municipal. Esta declaración sentó las bases para la protección ambiental en la zona, aunque no perpetuó la filosofía de los parques nacionales, diez años después vendrían prospecciones de aguas, luego actividades extractivas en la periferia inmediata, , más tarde estanques y balsas para agua, zonas de esparcimiento e incrustaciones dentro del Parque Nacional de otros parques de estilo urbano, con mobiliario, como bancos, fuentes y áreas de sombra, así como servicios como baños públicos y contenedores de basura.

1966: Aprobación del Plan General de Urbanismo

     El 14 de julio de 1966 se aprobó definitivamente el Plan General de Urbanismo de El Paso, un instrumento clave para regular el desarrollo urbano y el uso del suelo. Este plan, aprobado por la Comisión Provincial de Urbanismo, marcó un hito en el papel, pero no en la planificación del municipio.

La Extracción de Áridos: Cronología y Actores

     La extracción de áridos y la explotación de recursos minerales se convirtieron en actividades importantes para el desarrollo de infraestructuras y la economía local.

1970: La Transformación del Llano de los Jables

     El 30 de enero de 1970 se autorizó la transformación del granzón en arena en el Llano de los Jables para su venta con fines industriales. José Manuel Pino fue autorizado a probar maquinaria, lo que sugiere el inicio de una actividad industrializada en la zona. Según testimonios, esta actividad se mantuvo activa durante varios años.

1970: Extracción de Piedra en Morros Altos de Malpaís

     El 26 de noviembre de 1970 se autorizó a don Benigno A. Rodríguez Pérez, adjudicatario de la "avenida José Antonio" en El Paso, a instalar maquinaria picadora de piedra en Morros Altos de Malpaís, una finca municipal. El objetivo era extraer piedra para la pavimentación de la vía, pero la vía terminó y la extracción no.

1971: Solicitudes de Extracción y la Inauguración de la Avenida

     El 30 de abril de 1971 se gestionaron permisos ante la Jefatura de Montes para la extracción de granzón en el Llano de los Jables y gravas en el barranco de Las Palomas.

     El 18 de julio de 1971 se inauguró oficialmente la Avenida José Antonio Primo de Rivera, para cuyas obras se había autorizado la instalación de la picadora de piedra. Esta fecha coincide con la conmemoración del "Alzamiento Nacional" durante el franquismo, lo que resalta la conexión entre las obras públicas y la simbología del régimen.

1975: Estaciones de Machaqueo y Lavado de Áridos

     El 24 de septiembre de 1975 se autorizó el uso de la Finca de Roberto a José Ángel Pérez Hernández para la instalación de una estación de machaqueo y lavado de áridos.

     El 26 de noviembre de 1975 se autorizó la instalación de una planta similar en la misma finca, propiedad municipal. En realidad, era lo mismo, pero regularizando el expediente.

1979: Adaptación del Plan General de Urbanismo

     El 10 de abril de 1979 se realizó la adaptación del Plan General de Urbanismo de El Paso a la Ley 19/1975 y al Real Decreto 1346/1976. Este proceso buscaba actualizar la normativa urbanística y adaptarla a las nuevas leyes.

 

Conclusión

     El periodo franquista en El Paso fue testigo de una intensa actividad de extracción de áridos, impulsada por el desarrollo de infraestructuras y la necesidad de recursos. Estas actividades, aunque necesarias para el progreso, coexistieron con una protección ambiental raquítica y el planeamiento urbanístico teórico. El análisis de esta etapa histórica permite comprender mejor la evolución del municipio y los desafíos que enfrentó en la gestión de sus recursos naturales.

El misterio del dron fantasma de El Paso: 30.000 euros volando en el limbo administrativo

 

El 24 de enero de 2022, fascinado por los espectaculares vídeos aéreos de la erupción del volcán —que finalmente adoptó el nombre predominante de Tajogaite—, el Ayuntamiento de El Paso, quizá con los primeros fondos destinados a la reconstrucción, decidió adquirir un dron. 

 

No consta en ninguna crónica municipal la llegada del aparato, aunque bien merecería un lugar en sus efemérides como "la primera aeronave oficial del consistorio". Dicho hito, de facto, implicaría modificar el Reglamento Orgánico Municipal: habría que añadir una enmienda al Título Primero, Capítulo Primero, Sección Primera, Artículo Cuarto —que reza "el alcalde es el presidente de la corporación"— para incluir "y comandante en jefe de su fuerza aeroespacial". 

 

Parece una broma, pero no lo es. El dron fue comprado mediante un procedimiento de adjudicación urgente, sin publicidad y amparado en la legalidad. El carácter de emergencia se justificó bajo el artículo 120 de la Ley 9/2017, alegando que el Ayuntamiento necesitaba "actuar de inmediato ante la catástrofe, evaluando infraestructuras y viviendas cercanas a la zona eruptiva". 

 

Costó 29.702,60 euros y se lo compraron a ACRE SOLUCIONES TOPOGRÁFICAS ALQUILER Y VENTA S.L., una empresa especializada. Según la documentación, el equipo incluía "receptores de televisión y radio, y dispositivos de grabación de sonido e imagen", con especial énfasis en su capacidad de filmación. Se destinó, en teoría, a los Servicios Técnicos Municipales. 

 

Sin embargo, el dron nunca ha sido mostrado públicamente, algo peculiar para un gobierno que presume de transparencia hasta para exhibir el filamento roto de una bombilla, señalado con solemnidad por el concejal de turno. Imaginen la foto: todo el equipo de gobierno, mirando al cielo y apuntando al dron en pleno vuelo. Sus asesores de imagen no habrían desperdiciado semejante instantánea: un dron que retrata y es retratado. Doble oportunidad, cero pruebas. ¿Dónde está el aparato? 

 

En los Servicios Técnicos manejan desde escuadras hasta telémetros láser, pero no hay operadores de drones. Repito: ¿Dónde está el dron?  Curiosamente, durante la erupción, el canal de YouTube del Ayuntamiento publicó 183 vídeos grabados con drones... pero el dispositivo se compró un mes después de que la fase eruptiva hubiera terminado. 

 

Algunos concejales afirmaron "saber de su existencia", otros que "se perdió y se recuperó", para luego "perderse de nuevo". El dron del Tajogaite se ha convertido en un McGuffin administrativo: un objeto caro que mueve papeles, pero no aparece en escena. 

Prensa y Propaganda: ¿Dónde Está el Límite entre lo Institucional y lo Político?

 

En el pleno ordinario del 29.05.2025, durante el apartado de "Ruegos y Preguntas", surgió un debate revelador que pasó desapercibido y dejó preguntas sin responder. Un intercambio entre el concejal socialista Bryan Martín Guerra y la concejal de Hacienda, Irinova Hernández, puso sobre la mesa una cuestión incómoda: ¿Cómo gestiona el ayuntamiento su relación con los medios de comunicación?

La Respuesta Oficial: ¿Transparencia o Evasión? 

 La concejal Hernández afirmó: 

"Trabajamos con todos los medios de la isla, que cobran por servicios de comunicación institucional. No tenemos un gabinete de prensa como tal, sino una persona contratada en un plan de empleo que realiza esas funciones". 

 A primera vista, la respuesta parece correcta. Pero el problema es más profundo: desde 2015, existe un gabinete de prensa de facto en la sombra, con formas cambiantes y poco claras. 

Contratación de Medios: ¿Cumple el Ayuntamiento con la Ley? 

 Que los medios cobren por publicar notas de prensa institucionales no es ilegal, pero debe hacerse con transparencia y bajo criterios técnicos. Analicemos los puntos clave: 

 1. Contratación y Concurrencia 

   - Todo pago con fondos públicos debe formalizarse en un contrato (Ley 9/2017), especificando servicios, precios y condiciones. 

   - Debe garantizarse igualdad de oportunidades para todos los medios, ya sea mediante licitación o contratos menores con criterios objetivos (tarifas similares, audiencia, etc.). 

 2. El Contexto de La Palma: Riesgos en Territorios Pequeños 

   - En una isla con pocos medios, el ayuntamiento podría optar por: 

     - Licitación abierta: Seleccionar medios basándose en precio y alcance. 

     - Acuerdo marco: Establecer un precio estándar para quienes cumplan requisitos mínimos. 

   - Peligro: Si todos los medios cobran lo mismo sin justificación, podría verse como práctica anticompetitiva. 

 3. La Línea Roja: Separar lo Institucional de lo Político 

   - Información institucional (fiestas, cultura) debe estar libre de logos o mensajes partidistas. 

   - Comunicación política es responsabilidad de los grupos municipales, no debe financiarse con dinero público. 

   - Los medios deben etiquetar claramente el contenido patrocinado. Si no lo hacen, el ayuntamiento debería exigir rectificaciones o cancelar contratos. 

 Para una Comunicación Transparente 

 - Publicar todos los contratos en el portal de transparencia. 

- Usar métricas objetivas (audiencia, impacto) para asignar recursos. 

- Evitar monopolios: Rotar entre medios para garantizar pluralidad. 

  Conclusión 

 Sí, es habitual que los ayuntamientos paguen a medios por difundir información institucional. Pero "habitual" no significa "correcto" si no hay transparencia. En territorios pequeños como La Palma, el riesgo de opacidad o favoritismos es mayor. La clave está en contratos claros, concurrencia leal y separación tajante entre información pública y propaganda política. 

 ¿Cumple este ayuntamiento con esos principios? La respuesta, por ahora, sigue pendiente.  

Visto el pleno 29.05.2025 y tratando sobre el Camino de Las Palomas.

 A modo de preámbulo.

El caso presenta una situación compleja en la que una empresa minera (Áridos El Riachuelo) está realizando actuaciones sobre un bien de dominio público (el camino de Las Palomas) sin la autorización municipal correspondiente, amparándose únicamente (que se sepa) en una licencia extractiva concedida por la dirección general de industria.

1. Naturaleza jurídica del camino

- El camino está inscrito como bien de dominio público (demanial) en el inventario municipal, lo que implica que:

  - Está afectado al uso público o al servicio público.

  - Es inalienable, imprescriptible e inembargable (art. 132 de la Constitución Española y Ley de Bienes de las Administraciones Públicas).

  - Cualquier actuación sobre él requiere autorización expresa del Ayuntamiento, independientemente de otras licencias sectoriales (como la de industria).

2. Irregularidades cometidas por la empresa

- Usurpación de dominio público: La empresa ha cercado el camino y lo ha incorporado a su parcela sin autorización municipal (o esto es lo que parece estar haciendo de facto), lo que constituye una ocupación ilegal de un bien demanial.

- Falta de licencia urbanística: Aunque tenga una autorización de industria, cualquier modificación o afectación de un bien público requiere licencia municipal (art. 7 de la Ley de Suelo y Ordenación Urbana).

- Lesión al interés público: La desviación del camino perjudica su uso público y puede afectar derechos de terceros (vecinos, otros usuarios, etc.).

3. Acciones que debe tomar el Ayuntamiento a la vista de lo expuesto

(me da que no hay otra receta para defender un bien demanial)

A. Medidas urgentes (vía administrativa)

1. Dictar un acto de incoación de expediente sancionador por ocupación ilegal del camino, con:

   - Orden de paralización inmediata de las obras (art. 137 de la Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común).

   - Requerimiento para que la empresa restituya el camino a su estado original.

2. Imposición de multas coercitivas si no se cumple la orden (art. 99 de la Ley 33/2003 de Patrimonio de las Administraciones Públicas).

3. Iniciar un expediente de reintegración demanial para recuperar la posesión del camino (art. 138 de la misma ley).

 

B. Revisión de la licencia de industria

- Solicitar (por escrito y registrado) a la Dirección General de Industria un informe sobre el alcance de su autorización, recordando que no puede avalar actuaciones sobre bienes municipales sin consentimiento del Ayuntamiento.

 

C. Acciones judiciales (si es necesario)

- Si la empresa persiste, el Ayuntamiento puede interponer:

  - Demanda civil por usurpación de bien demanial (art. 41 de la Ley de Bienes Públicos).

  - Denuncia penal por posible delito de prevaricación o daños a propiedad pública (art. 320 Código Penal, si hay daños al camino).

 

D. Comunicación pública

- Informar a la ciudadanía sobre las medidas adoptadas para garantizar la defensa del dominio público y evitar especulaciones.

Melisa y la conexión navarra según Sergio Rodríguez.

 

Recordando a Melisa 

 

Mientras el volcán CV-2021 entraba en erupción, otro estallido, esta vez humano, comenzaba a tomar forma. Melisa Rodríguez, entonces ex portavoz de Ciudadanos, relataría más tarde que, en aquel momento, se encontraba bañándose en El Remo —una zona costera del suroeste de La Palma— y, sin saber muy bien por qué, inició una dinámica ascendente: de pronto, se erigía en portavoz de los afectados, heroína de la catástrofe, víctima del desastre e, incluso, presidenta de la Plataforma por el Volcán de La Palma. Su presencia se multiplicó en los medios, desde Herrera en COPE hasta otros espacios informativos. 

 

Pero el caso de Melisa pronto resultó excesivo. En medio del caos colectivo, logró atraer hacia sí los focos mediáticos. La prensa se llenó de titulares sobre ella, hasta que, en enero de 2022, el periodista Francisco Pomares resumió la situación en "el cuento de las casas de Melisa" (Lancelot, 24.01.2022). Otros medios también matizaron su relato y explicaron por qué no podía ser considerada damnificada: sencillamente, no lo era. Publicaron documentos que demostraban que Melisa era propietaria de dos pisos en Los Llanos, un apartamento en El Remo y otro en Madrid —adquirido durante su etapa en la capital—, y que no había perdido ninguna propiedad ni había sido desalojada. 

 

Según Pomares, la extraña actuación de la ex portavoz pudo deberse a un "afán de protagonismo, el deseo de volver a estar en la palestra. Se inventó una reclamación y se convirtió en portavoz de su propia reclamación".

 

"Melisa se apaga en el brillo de Sergio" 

 

Melisa se fue diluyendo a medida que otro personaje cobraba protagonismo: Sergio Rodríguez, alcalde de El Paso. Para cimentar su propia leyenda, Sergio Rodríguez recurrió a un fabulador de Tenerife, el periodista Andrés Chaves, quien emprendió una saga biográfica inspirada en Relato de un náufrago de García Márquez. Tras seguir los pasos del "héroe" por La Palma, llegaron dos almuerzos en Los Limoneros (Tenerife) —nadie supo nunca quién pagó aquello, ni siquiera se lo preguntaron—. Entre viandas y vino, en ese restaurante tacorentero, Chaves y Rodríguez pusieron el nombre de Melisa sobre la mesa en lo que pareció un extraño intento de exorcismo. 

 

Andrés Chaves lo relató así, casualmente, un 14 de febrero de 2022: 

"Estamos sentados en Los Limoneros. Sergio y yo pedimos unos taquitos de merluza, que saben deliciosos. 

—A Melisa Rodríguez, exlíder de Ciudadanos, se le ha acusado de falsear datos sobre su lugar de residencia en La Palma para cobrar fondos destinados a afectados por el volcán. ¿Qué te parece? 

'Una canallada. Melisa Rodríguez no ha falsificado ni un papel. Ella sí vivía en El Remo, se está preocupando de buscar fondos para la reconstrucción del Valle, y yo le estoy muy agradecido en nombre de mi pueblo. Incluso ha buscado la colaboración de la Universidad de Navarra para la construcción de un edificio modular para El Paso. Ahora está fuera de la política, y lo que se ha dicho sobre ella es una auténtica falacia". 

 

El asunto tenía peso: desde enero, se sabía que la Policía Local de Los Llanos de Aridane había certificado que Melisa Rodríguez —exdiputada nacional y exportavoz adjunta de Cs— no tenía su residencia habitual en El Remo, como ella afirmaba. Medios como La Provincia (con Miguel Ángel Autero) lo habían publicado.

 

Sin embargo, el alcalde de El Paso acusaba indirectamente a la policía vecina de falsedad, tachando sus informes de "canallada". Y, por primera vez, lanzaba públicamente un dato nuevo: Melisa era el vínculo con la Universidad de Navarra. Aquella conversación en Los Limoneros no solo buscaba rehabilitar su imagen, sino que revelaba el germen de una colaboración que más tarde tomaría forma.

 

"La Universidad de Navarra en La Palma: ¿Colaboración desinteresada o estrategia institucional?"

 

La Universidad de Navarra, institución privada fundada en 1952 y vinculada al Opus Dei, ha cobrado protagonismo en El Paso (La Palma) con exposiciones de su Escuela de Arquitectura en espacios públicos como las calles Tanausú y Manuel Taño. La iniciativa, promocionada en redes sociales y medios locales, se presentó como un gesto altruista, pero los datos revelan otra realidad: un acuerdo del 17 de enero de 2023 y un contrato de colaboración por importe de 29.595 €. 

Surgen entonces preguntas incómodas: 

1. ¿Por qué Navarra y no la ULPGC? La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) cuenta con una Escuela de Arquitectura con más de 55 años de trayectoria, proyectos en La Palma (como investigaciones sobre el volcán Cumbre Vieja) y una clara vinculación territorial. Sin embargo, no fue la elegida. 

2. ¿Por qué una universidad privada y no una pública? La Universidad de Navarra se financia con recursos propios, mientras que la pública Universidad Pública de Navarra (UPNA) —o incluso la ULPGC— habrían reforzado la transparencia en el uso de fondos municipales. 

El caso abre un debate sobre opacidad en convenios y prioridades institucionales: ¿Respondió esta colaboración a un interés formativo genuino o a una estrategia de expansión de una universidad privada con fuertes vínculos ideológicos? La ausencia de explicaciones oficiales deja el interrogante en el aire. 

No consta que Melisa Rodríguez (la intermediaria según Sergio Rodríguez) tenga vínculos académicos con Navarra, lo que profundiza el misterio sobre esta elección. 

El cuento de la J.T.I.

(Publicado el 1º de mayo de 2002, este escrito tiene 23 años) 

 

Leía en la prensa reciente, escuchaba en la radio y veía en la televisión —siempre en medios de tirada nacional, líderes en audiencia y con el mayor número de espectadores— lo que ocurría en la localidad palentina de Aguilar de Campoo. 

 

La lucha de los trabajadores de la fábrica de galletas Fontaneda por sus puestos de trabajo contra la compañía estadounidense United Biscuits Group, que había decidido cerrar la planta y marcharse, me hizo recordar el cierre de la J.T.I. en nuestro municipio. 

 

Ambas fábricas tenían un número similar de empleados: 212 en Fontaneda y 250 en la tabacalera. Eran parte fundamental de la historia de sus respectivas localidades, con profundas raíces sociales y culturales, y enfrentaban un problema común: una multinacional norteamericana que quería irse y una multinacional japonesa que ya se había ido. 

 

Sin duda, las semejanzas eran importantes, pero a partir de ahí, nada se parecía: ni el apoyo vecinal a los trabajadores, ni el respaldo municipal, ni la acción del comité de empresa y los sindicatos, y mucho menos la determinación de lucha de los empleados. 

 

No es que aquí hubiera que haber secuestrado o retenido a media docena de japoneses, golpeado a una quincena de agentes de las fuerzas de seguridad y sufrido las correspondientes magulladuras para demostrar una defensa a ultranza de los puestos de trabajo en la J.T.I. Pero sí habría que añadir que lo peor no fue la pasividad ante el desmantelamiento, sino el engaño del que han sido víctimas después. 

 

Desde que, a mediados de septiembre del año 2000, la J.T.I. anunciara el cierre de su fábrica en El Paso para finales de ese mismo año, el ventilador gubernamental no ha dejado de mover aire, difundiendo las gestiones más variopintas y las alternativas más extravagantes, todo para evitar una explosión social. 

 

Perestelo invocó los acuerdos entre la Generalitat de Cataluña y la Administración General del Estado para intervenir y evitar el cierre de la fábrica de SEAT por parte de Volkswagen en la comunidad catalana. Eso sí, solo en la prensa, porque sabía que esto no es Cataluña, que no importamos lo mismo al Gobierno central y que Coalición Canaria no es Convergència i Unió. 

 

Luego optó por vender la idea de que traería inversión japonesa a La Palma, incluso más de la que se marchaba. Se entrevistaría con una sociedad japonesa de Promoción Exterior llamada JETRO. Para impresionar, era necesario publicar los nombres de sus interlocutores: nada menos que Kunimichi Hashida y Kockao Sasaki.

 

A continuación, comenzaron a circular alternativas: un hotel en Las Hoyas absorbería parte del paro que generaría el cierre de la fábrica, o en ella se podrían fabricar cochecitos de aire comprimido o material sanitario desechable. 

 

Comenzó la negociación por la compra de las instalaciones, y se argumentó que allí se podía instalar un "nido de empresas". Poco después, Perestelo lo matizó: dado que algunos pájaros suelen poner en sus nidos un solo huevo, lo mejor sería denominarlo "vivero de empresas". 

 

Acalló a los ya ex trabajadores que pretendían competir con las instituciones públicas en la compra de las instalaciones, prometiéndoles que serían empleados preferentes en las nuevas empresas y que tendrían asiento junto a la dirección de la sociedad mixta encargada del control de las instalaciones. 

 

Se olvidaron incluso de que los llamaron especuladores, y frente a los planes de los ex trabajadores de montar una plataforma logística de recepción, almacenaje y despacho, además del alquiler de naves, Perestelo les fue sacando de su chistera: una fábrica de bioalcohol, cartón a base de fibra de plátanos, elaboración de ron, de gofio, de blusas de señora, de hilos de algodón para sábanas, tecnología, etcétera. 

 

Se repartieron los papeles: unas veces hablaba Perestelo, otras el alcalde de El Paso, otras la Sociedad de Desarrollo y Promoción Económica de La Palma, y los platos fuertes se reservaban para el vicepresidente del Gobierno canario, el señor Adán Martín. El hilo de algodón, según estos magos, tenía propiedades casi milagrosas, y el buque insignia de sus promesas era el establecimiento de una nueva multinacional tabacalera: la Imperial Tobacco. 

 

Cuando los ingleses de la Imperial Tobacco se decantaron por instalarse en Tenerife, dijeron que, al fin y al cabo, la fábrica no era para tanto, más bien una birria, y que lo bueno era lo que aún les quedaba en la chistera. 

 

Por aquella época, un maestro del colegio público Adamancasis de El Paso compuso una obra musical titulada "El vendedor de sueños", interpretada por la Banda de Música de esta localidad, que fue exportada y llegó incluso hasta Galicia. 

 

25 años después. 

 

La fábrica de galletas Fontaneda sigue en Aguilar de Campoo, Palencia, como si el tiempo no hubiera pasado. Fundada en 1881 por Eugenio Fontaneda, hoy es Galletas Gullón, S.A. la que perpetúa su legado en el mismo lugar. 

 

SEAT permanece en Cataluña, anclada en Martorell, con una de las fábricas más modernas de Europa. Más de 2.800.000 metros cuadrados produciendo vehículos, mientras el mundo avanza sin pausa. 

 

Perestelo sigue en política, ahora como viceconsejero de Acción Exterior. Su hija, Miriam, es la vicepresidenta sexta del Cabildo. Los Perestelo construyen una saga con más durabilidad que Tabacos Capote, como si el tiempo se resistiera a borrarlos. 

 

En El Paso, hace ya un cuarto de siglo que se apagó la industria tabaquera. Los últimos chinchaleros han muerto, y ya nadie tuerce un triste puro. 

 

El maestro que compuso "El vendedor de sueños" debe ser ahora un respetable jubilado. Mientras observa al actual presidente del Cabildo vendiendo plátanos en Dubai, paseándose en teleférico, piensa: "Este me ha superado." 

El nuevo “frente común” de Sergio Rodríguez: Cuando el enemigo es tu propio gobierno.

El presidente del Cabildo de La Palma, Sergio Rodríguez, en una nota de prensa publicada el 15.05.2025 hacia las 20:00 horas, manifiesta su "sorpresa, profunda preocupación y absoluto desacuerdo" con el nuevo informe del Área de Biodiversidad de la Consejería de Transición Ecológica sobre la recuperación de la carretera LP-2, en el tramo afectado por la colada del volcán entre Tajuya y Las Manchas. 

 

A continuación, despliega el repertorio clásico del *"sergianismo": "total incomprensión", "rechazo", "contradicción frontal", "es inconcebible", "falta de impulso político en la Consejería"... y así, hasta agotar el diccionario de la indignación selectiva. 

 

El presidente palmero parece muy enfadado. Es comprensible: a él no le gustan los túneles, es más de teleféricos. 

 

Si apartamos las nubes de ceniza que cubren San Nicolás —la llamada Pompeya de La Palma según los reclamos turísticos—, lo que encontramos bajo ese cielo despejado es un presidente del Cabildo que no gobierna. Se dedica a lanzar denuncias y notas de prensa como si estuviera en la oposición, mientras tiene el descaro de hablar de urgencia en la LP-2, cuando él mismo encarna un retraso de dos años. 

 

En abril de 2023, Rodríguez creó un "frente común". Ahora, en 2025, monta otro. La clave está en recordar que los frentes se forman para algo (en este caso, reconstruir la LP-2) pero también contra alguien. En 2023, ese alguien era el Gobierno de Canarias, al que acusaban de obstaculizar la reconstrucción. 

 

Aquél frente era bípedo: una pata en el Ayuntamiento de El Paso (Angeles Fernández) y otra en el Cabildo (Sergio Rodríguez). Sabían que iban a ganar las elecciones. Pero en 2023, los nacionalistas también ganaron el Gobierno de Canarias. El enemigo desapareció, y con él, la razón del frente. 

 

El nuevo frente común de 2025 es más complejo: ahora lo forman el Cabildo (Sergio Rodríguez) y la Consejería de Obras Públicas (Pablo Rodríguez Valido) contra la Consejería de Transición Ecológica (Mariano H. Zapata). Y aquí surge la pregunta: ¿Dónde está Fernando Clavijo, presidente del Gobierno canario? ¿Con Sergio y Pablo, o con Mariano? 

 

Este frente es un trípode cojo: se sostiene en el binomio Sergio-Pablo, con Clavijo en un equilibrio imposible entre ellos y Zapata. Mientras Clavijo decide de qué lado está, Sergio lo tiene claro: se alía con Valido para "encontrar la solución más rápida, viable y legal para la LP-2". Es decir, repite exactamente lo que dijo hace tres años. Eso podría llamarse coherencia, pero con esta trayectoria, habría que llamarlo, más bien, desfachatez. 

 

En junio de 2022, Rodríguez declaró: "No podemos mantener aislados durante 4 años a Las Manchas, Jedey o El Charco, ni la economía de Fuencaliente lo resistirá". Pues bien: ha podido. Llevan tres, y ahí siguen. 

 

En abril de 2023, Angeles Fernández aseguraba que "Las Manchas y Jedey agonizan". Según esa lógica, en 2025 ya deberían haber desaparecido. No ha ocurrido. La resiliencia ha funcionado. Lo que no está claro es si han aprendido algo de esta situación... o del señor presidente.