Introducción
La reciente sesión plenaria
ordinaria del 27 de marzo de 2025 en el Ayuntamiento de El Paso ha puesto en
evidencia irregularidades y opacidad en la contratación de servicios externos,
específicamente en el caso de G*X*I*N* *P* CONSULTS,
una empresa a la que se le adjudican pagos sin un contrato formalizado. Este
hecho no es aislado, sino que forma parte de un patrón recurrente en la
administración municipal, donde la externalización de funciones clave —como la
intervención de fondos— se ha normalizado sin la debida transparencia.
1. Externalización
Opaca y Ausencia de Contratos
- G*X*I*N* *P* CONSULTS: Se
confirma que la empresa recibe más de 15.000 €/año por "apoyo a la
intervención de fondos municipales", aunque no existe un contrato público
que justifique estos pagos. Estimaciones basadas en transacciones observadas
sugieren que el monto real podría ascender a 25.680 € anuales.
- Antecedentes: En 2020, la
empresa EG***** EN****, SL fue contratada formalmente por 54.496 € (por dos
años), con publicación en la plataforma de contratación. Sin embargo, en el
caso de G*X*I*N*, ni siquiera se ha cumplido este requisito legal básico.
Este modus operandi revela una
externalización encubierta de labores que, en teoría, deberían ser realizadas
por funcionarios internos. La justificación de que "sin empresas externas
hubiese sido imposible sacar el presupuesto" contrasta con el discurso
oficial que atribuye el éxito al "esfuerzo de los concejales y
funcionarios".
2. Crisis en la Intervención Municipal
La situación ha generado un clima
de desconfianza institucional:
- Renuncia del Interventor
titular: Un profesional con más de 30 años de servicio abandonó el cargo sin
explicaciones públicas, lo que sugiere desacuerdos con la gestión.
- Rotación inusual en el puesto:
Su reemplazo (procedente de otro ayuntamiento) duró muy poco, y la actual
Interventora-Tesorera podría ser ya la tercera persona en el cargo en poco
tiempo.
Estos movimientos, sumados a los
reparos levantados por decreto del alcalde, apuntan a una posible injerencia
política en el control financiero, debilitando un pilar fundamental de la
administración pública: la fiscalización independiente.
3. Opacidad en los Procesos Decisionarios
El procedimiento de aprobación
del presupuesto municipal ha estado marcado por anomalías:
- Comisiones urgentes y horarios
cuestionables:
- La Comisión Especial de Cuentas del 2 de abril se convocó en horario
laboral (15:30 h), dificultando la participación de concejales sin dedicación
exclusiva.
- La siguiente sesión (15 de abril, a las 13:30 h) y el pleno
extraordinario del 22 de abril (15:00 h) reforzaron esta dinámica, excluyendo
de facto a quienes no pueden ajustar sus agendas laborales.
Estas prácticas generan una brecha entre concejales:
- Dedicación exclusiva vs. no
exclusiva: Quienes dependen de sueldos públicos pueden asistir a cualquier
hora, mientras que los demás enfrentan obstáculos reales (riesgo de pérdida de
empleo privado).
4. ¿Democracia Debilitada?
La grabación de la comisión del
15 de abril en la Mediateca (hecho inédito) expuso otro problema: la
desproporción en el debate político. La única concejal del PP fue atacada
dialécticamente por tres tenientes de alcalde de Coalición Canaria, evidenciando
una asimetría de fuerzas que perjudica el contrapeso democrático.
Conclusiones Preliminares
1. Opacidad contractual: Los
pagos a consultoras externas sin contratos públicos violan principios de
transparencia y podrían configurar prevaricación administrativa.
2. Politización de la
Intervención: La rotación en el cargo y los reparos levantados por decreto
sugieren un control político sobre el órgano fiscalizador.
3. Exclusión en la toma de
decisiones: Los horarios y la urgencia de las convocatorias marginalizan a
parte de la corporación, afectando la calidad deliberativa.
4. Doble discurso: Se alaba el
trabajo interno, pero se depende de empresas externas para funciones
críticas.
Reflexión final:
El caso de El Paso no es solo una
irregularidad aislada, sino un síntoma de un modelo de gestión que prioriza la
agilidad política sobre el rigor institucional. La falta de controles efectivos
y la normalización de prácticas opacas erosionan la confianza en la
administración local.